El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado este lunes una propuesta para modificar la norma que regula la forma en la que los científicos pueden comprar la cotización de los periodos de prácticas en los que no recibieron ninguna remuneración para que estos cuenten en su jubilación. Una semana después de trasladar este asunto al marco del diálogo social, y tras reunirse con la comunidad científica, el departamento que dirige Elma Saiz ha planteado ante sindicatos y empresarios importantes cambios sobre el texto que conforma la orden ministerial aprobada en mayo que, sin embargo, deberán ser sometidos a debate. Los sindicatos han valorado la iniciativa, pero consideran que en algunos de sus apartados “se queda corta”.
En su proposición —sobre la que los agentes sociales volcarán sus revisiones en otro encuentro del próximo lunes—, el Ministerio rectifica el texto aprobado inicialmente. Ahora considera que la base de cotización de referencia para el pago debe ser la correspondiente al año en el que tuvieron lugar las prácticas (y no la actual, lo que encarecería ese pago). Asimismo, permite rescatar hasta cinco años, también para aquellos que ya incorporaron dos a su cotización en 2011. Y también admite fraccionar el pago hasta un máximo de cinco años, así como extender a tres años y medio la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio especial que regule estas incorporaciones.
“Los agentes sociales han agradecido que este asunto vuelva a la mesa de diálogo social después de la semana pasada. Hemos presentado una propuesta que esperamos que nos permita acabar de perfilar una orden que satisfaga a todos los colectivos”, ha dicho Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, al término de la reunión. “Tras un proceso de reflexión y de traer este asunto al diálogo social, introducimos mejoras sustanciales a esta medida para recuperar periodos de actividad. Ahora, se ofrece la posibilidad de completar carreras de cotización que no empezaron en el momento en el que debían”, ha añadido.
En su encuentro con Elma Saiz, los científicos solicitaron a la ministra que la Seguridad Social bonificase la mayor parte de la cuota que debían comprar para mejorar sus jubilaciones. Suárez ha indicado que de lo que se ha hablado es de “un convenio especial” y no “de una cuota obrera y otra de la patronal”. Actualmente, las empresas se benefician de una bonificación del 95% con los becarios no remunerados. Esta demanda es la única que no incorpora la propuesta inicial del Ministerio.
Valoración sindical
“Es una pena que una medida como esta, que está teniendo un resultado espectacular, esté siendo nublada por este debate”, ha lamentado Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. El representante sindical, sin embargo, ha estimado las modificaciones planteadas por el Ministerio, especialmente la que amplía a cinco el periodo de años recuperables —que llega hasta los siete para aquellos que ya rescatasen dos años en 2011 gracias al decreto aprobado entonces—. No así la regulación del fraccionamiento del pago, el cual “no parece bien perfilado todavía”.
Por su parte, Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, ha lamentado que esta adecuación normativa se esté produciendo “deprisa y corriendo”, y que de haberse negociado con la pausa necesaria, “se habría llegado a una buena resolución”.
Fuentes del Ministerio consideran que los cambios que recoge la propuesta presentada este lunes corrigen las discriminaciones que habían señalado los científicos. “Desde el Ministerio siempre hemos seguido el camino del diálogo y ahora también. Esta orden se ha debatido hoy en la mesa del diálogo social, ya en su trámite los interlocutores pudieron hacer aportaciones, y hemos considerado que sería enriquecedor abordar juntos los cambios en el texto. Justamente esa es la riqueza del diálogo social: debatir y mejorar las propuestas”, indican.
El tiempo juega en contra de los agentes sociales en esta negociación. El marco original —que posibilita a todo el que haya sido becario sin cobrar abonar unos 290 euros por mes para que cuente de cara al retiro— entrará en vigor el próximo 1 de junio, por lo que es necesario que el nuevo texto se acuerde con celeridad.
Réplica
Las reclamaciones de los científicos (y de los sindicatos) iban dirigidas a que la norma de 2024 replicase prácticamente a la aprobada en 2011. Entonces, el Real Decreto 1493/2011 reguló la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que llevaban a cabo programas de formación remunerados (no así a aquellos que no percibían ningún salario) durante el tiempo en el que se hubieran desempeñado bajo esta modalidad. Además, a diferencia de como se recogió en un inicio en la actual orden, la base mínima de cotización establecida era aquella que estuviera vigente en el período en el que estas se produjeron.
Fuentes del Ministerio recuerdan que “la cotización por los períodos de prácticas reconocidos en este convenio especial tendrá por objeto la cobertura de las pensiones de jubilación, de incapacidad permanente, y de muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes”; y que desde su entrada en vigor el 1 de enero, más de 600.000 estudiantes que realizan prácticas no remuneradas están sumando este periodo de tiempo a sus carreras de cotización.
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