Todos, los 350 diputados y diputadas del Congreso, quieren acabar con la trata con fines de explotación sexual, para la que ya hay una ley integral en trámite. Todos quieren acabar con el proxenetismo —ganar dinero con la prostitución ajena—, un delito ya penado en la normativa española. Pero cuando se llega a la prostitución, el intercambio de sexo por dinero —no regulado en la normativa española—, se abre una grieta en el consenso. Y en parte esa grieta fue lo que hizo que el pasado martes la Cámara diera un no rotundo a la proposición de ley socialista para acabar con todas las formas de proxenetismo. Porque aunque la propuesta aludía al proxenetismo, entraba, inevitablemente, en la prostitución.
Oposición y socios minoritarios —excepto BNG y Coalición Canaria que votaron a favor— acusaron de dos cosas al PSOE que también, fuera del Congreso, señalan desde distintas partes del movimiento feminista. Una es el momento, apenas a unos días de empezar la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio y el uso del feminismo para ese fin. Y la otra la forma, tres modificaciones en el Código Penal para endurecer las penas al proxenetismo, castigar a aquellos que alquilan o ponen a disposición espacios para que se ejerza la prostitución —la llamada tercería locativa, ausente en la legislación española— y multar a quienes acuden a ella.
Tres cambios penales que para unos, como el PP, no son suficientes, aunque votase a favor de este mismo texto en la pasada legislatura; y para otros, como los socios minoritarios, que reconocen la existencia de mujeres que ejercen libremente la prostitución, directamente no es la forma, porque tampoco es suficiente para aquellas que quieren salir de ahí y perjudica más que pone soluciones a las que no.
El objetivo del PSOE es la abolición de la prostitución, pero en el Congreso esa postura no es unánime, hay diferencias insalvables hasta ahora para un problema estructural e histórico que suma además un obstáculo para poder empezar a darle solución, “la falta de una radiografía certera para saber exactamente qué sucede” a la que hacen referencia varias especialistas, entre ellas la doctora en Sociología Beatriz Ranea, que cree que hay una “falta de voluntad política para atreverse a mirar realmente la situación que atraviesan las mujeres en prostitución, que siguen siendo consideradas ‘las nadies”.
La cifra de alrededor de 45.000 en España del Ministerio de Interior es un dato de hace años y no ahonda en las distintas situaciones, que han ido cambiando con el tiempo: prostitución en clubs y en la calle pero también en pisos o en hoteles, concertadas a través de páginas web, de números de teléfono o de redes sociales. La estimación de diferentes organismos es que la mayoría de ellas no están ahí por voluntad propia, pero no hay un dato exacto, al menos que se conozca.
¿Cuántas son? ¿Cuántas víctimas de trata? ¿Cuántas están sometidas a un proxeneta? ¿Cuántas ejercen por su cuenta y cuáles son sus razones? Justa Montero, activista y experta en género, afirma que es necesario “separar trata y prostitución, porque no toda la prostitución se da en el marco de la trata, y pensar que sí dificulta la identificación de los problemas y de las soluciones específicas a cada una”, y cree que “hablar de Código Penal para hablar de los derechos de las prostitutas es una incongruencia”.
Las soluciones en la proposición de ley socialista del martes, los cambios en el Código Penal, son las que abrieron las costuras del debate porque reflejan las distintas posturas políticas al respecto. PNV, Podemos, Bildu, Sumar… todas las diputadas preguntaron al PSOE si creía que solo “con eso” se iba a “solucionar”. “Atacar al proxenetismo es algo que se torna ultraurgente y creo que fue un primer paso importantísimo. Aunque por supuesto, ni de lejos se acerca a las demandas del movimiento feminista”, dice Amelia Tiganus, superviviente de la trata y presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas (FEMAB). El feminismo, como la izquierda, desde hace décadas ha puesto sobre la mesa la necesidad de una ley integral, una normativa que no solo toque el ámbito penal sino que desarrolle medidas para dar respuesta a las mujeres.
Aunque esa normativa completa es “lo correcto y a lo que se aspira para abolir la prostitución porque es lo que le daría el peso relevante que tiene”, comenta Tiganus, “en Suecia [se aprobó una ley en 1999 para penalizar la compra, pero no la venta, de sexo] todo empezó con añadir un artículo en el que se consideraba a los puteros agresores sexuales”. Y apunta la jurista Marisa Soleto, de Fundación Mujeres, que “ya hay además un Plan de Trata, diferentes obligaciones internacionales de atención a víctimas y el Plan Camino, que fue una de las inversiones más significativas [204 millones de euros] del Ministerio de Igualdad en la última legislatura”, una política pública aprobada en 2022 para la reinserción sociolaboral de las mujeres.
Para otra parte del feminismo, que no busca la abolición, “el problema no es cómo está pensada la ley sino cómo están enfocados el problema y la solución”, señala la filósofa Clara Serra. “Si creemos que hacen ese trabajo pero no quieren hacerlo, tenemos que eliminar los obstáculos que hay para que no puedan hacer otros trabajos, y eso no es una política penal, lo que sí hace esa política penal es generar una situación de criminalidad alrededor de las trabajadoras sexuales con el argumento de perseguir a los clientes, pero que en realidad hace de su vida una vida más clandestina que solo las desprotege”.
Eso, compartido por los socios minoritarios de Gobierno el martes en el Congreso, también por el PP, y por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Planned Parenthood o la OMS, atraviesa la cuestión de la falta de otras medidas, como la vivienda, las alternativas laborales o la modificación de la Ley de Extranjería, un requisito demandado prácticamente por unanimidad por socios de la coalición, el movimiento feminista y las organizaciones que trabajan en este ámbito dado el alto volumen —aunque también desconocido con exactitud— de las mujeres migrantes que están en prostitución en España, parte de ellas en situación administrativa regular.
La tercería locativa
La llamada tercería locativa consiste en poner a disposición espacios para que se ejerza la prostitución, desde clubs hasta pisos u hoteles, y actualmente no existe regulación sobre ella. La propuesta socialista es que sea un delito penado con entre dos y cuatro años de cárcel y multa para quienes ofrecen esos lugares, muchas veces los proxenetas o personas que forman parte de las redes de trata. Para Tiganus, “es profundamente perverso y hasta doloroso pensar en cómo se asume que el derecho a la vivienda pasa por dormir en la misma cama donde innumerables tíos te manosean, babean, penetran por todos los agujeros y te usan como si fueras una cosa”.
Desde la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) añaden que hay también casos en los que “la realidad es otra” y supone “el riesgo” de que las mujeres se queden sin vivienda: “Hay mujeres que trabajan en los pisos donde viven, cuando esto se puso sobre la mesa, hubo caseros que sabían a qué se dedicaban y no les importaba, pero les dijeron que si esto se aprobaba, se tenían que ir, porque si no, quienes podían ir a la cárcel eran ellos. ¿Y ellas dónde van?”.
Y en Stop Abolición aseguran que no son solo los pisos. Gemma tiene 48 años y lleva 25 trabajando en clubs que alquilan habitaciones para las mujeres que quieren ir allí a ejercer la prostitución: “Aquí hay higiene, seguridad, acompañamiento. Ellas no van a dejar de trabajar, pero se quedarían en un limbo porque ni yo ni todos los que trabajan aquí podríamos ayudarlas ni protegerlas porque los primeros penalizados seríamos nosotros”. Cuenta que en los últimos 25 años ha conocido a “miles de mujeres”, con y sin familias, no todas inmigrantes, muchas ya con la nacionalidad, sin estudios y también abogadas, médicas o arquitectas. “Sé lo que la gente piensa, que todo es proxenetismo y violencia, pero no toda la realidad es así y no la quieren ver, hacer lo que quieren hacer es no querer ver eso y parece que no les preocupa ni la seguridad de ellas ni sus vidas”.
La penalización a los puteros
Dice la socióloga Rosa Cobo que “cualquier tipo de límites a la patronal proxeneta” es un paso, como “cualquier cosa que se haga para disuadir la demanda”, pero que la propuesta socialista “tiene sobre todo un hueco enorme: las mujeres en prostitución”. Ahora, el pago por sexo no es delito, aunque sí supone una infracción grave y los ayuntamientos pueden regularlo en sus ordenanzas municipales con multas de entre 601 y 30.000 euros a quienes paguen por servicios sexuales “en zonas de tránsito público” o cuando haya “un riesgo para la seguridad vial”. Pero esos códigos también permiten multar a las mujeres, contrario a lo que lleva años reivindicando el movimiento feminista y contrario al abolicionismo, cuyo fin último es perseguir a proxenetas y clientes y proteger y dar alternativas a las mujeres prostituidas.
La propuesta del PSOE es multar a esos hombres y añadir penas de prisión de uno a tres años “si la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o está en situación de vulnerabilidad”. Eso, dice la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona Encarna Bodelón, no es efectivo porque el volumen del consumo de prostitución “es enorme” y hay que analizar qué consumo se va a multar: “¿El de internet? No, se van a multar los más precarios y vulnerables. Cuando se castiga al cliente, eso hace que haya menos posibilidades y tiempo de que ellas negocien el servicio sexual, eso precariza el servicio sexual, los clientes van a imponer condiciones que en otras situaciones no se darían, y va a darse en lugares cada vez más escondidos”.
Este modelo, el llamado nórdico, “se dio con un Estado del bienestar fortísimo, guarderías públicas para todo el mundo, muchos recursos sociales, mientras que la proposición del PSOE solo tiene medidas sancionadoras sin un Estado que ofrezca esos recursos. Es inviable que funcione”, añade Bodelón. Y hay mujeres, como María, que no quieren que lo haga. Tiene 44 años, nació en Nicaragua y su situación administrativa en España es regular desde hace años, forma parte de Stop Abolición y dice que para ella la prostitución fue “una opción de vida” cuando llegó a España, vio el salario mínimo y el precio de los alquileres: “Todos necesitamos vivienda, no solo nosotras, es un derecho, a que los alquileres no sean tan caros, a mayor salario mínimo. Sobre todo para las personas vulnerables”.
Estén donde estén posicionadas en el abordaje de la prostitución, las especialistas consideran insuficiente la ley que presentó el PSOE. Para Tiganus, “el proxenetismo, la tercería locativa y los puteros” deberían haber ido en la Ley de Libertad Sexual: “¿Cómo podemos hablar de la libertad sexual de las mujeres y dejar fuera estos dos temas? Forman parte activa de quienes nos roban la libertad sexual”. Y la Fundación Mujeres, de la que es directora Soleto, como otras organizaciones feministas, pidieron incluir el proxenetismo en la ley de trata ahora en trámite.
Ambas, como las sociólogas Beatriz Ranea y Rosa Cobo, creen que “una buena ley abolicionista” se sostiene sobre cuatro pilares que enumera esta última: “Persecución del proxenetismo, penalización a los puteros, políticas públicas para ellas y sus hijos e hijas, y una campaña de sensibilización muy fuerte. Y aquí han escogido dos patas que no cuestan dinero, y las medidas que se hacen que son casi a coste cero no suelen dar grandes resultados. Me parece mejor poco que nada, pero no es suficiente”.
Al otro lado, María, la prostituta de 44 años, dice que no ve en el ejercicio de la prostitución “algo moralmente malo” y que tampoco debería ser criminalizado ni victimizado: “Nos quieren ver como víctimas, incluso con nuestro consentimiento, no somos personas sin desarrollo cognitivo para poder decidir. Siento que el Estado me está victimizando y vulnera mi derecho a la libertad sexual”. Y Gema, de 43, que cambió su trabajo en Sanidad y luego en hostelería por la prostitución, sintió “contradicción” con la propuesta de ley: “Quieres ayudar con una prohibición a personas a las que no les das otra salida. Si quieres realmente extinguir la trata y el proxenetismo hay que dar opciones a las que quieren ejercer libremente para poder seguir haciéndolo y abrir puertas a las que quieren salir. Tú condenas pero no ayudas, eso no sirve”.
A ambas les gustaría una cosa, que “se sentaran de verdad” con ellas: “Querríamos que viesen toda la realidad de este mundo. ¿Hay trata? Sí. ¿Mafia? Sí. Eso es una cosa, otra somos nosotras, sabemos que es difícil que nos reconozcan como trabajadoras, pero que no nos metan a todas en el mismo saco, cada una tiene su historia, que nos escuchen”.
Ahí, las diferencias son irreconciliables. Parte de la izquierda habla de trabajadoras sexuales, la socialista Andrea Fernández fue clara en su exposición de la propuesta de ley —“la prostitución no es un trabajo autónomo, es un negocio millonario y muy lucrativo para unos pocos”, dijo—, y el PP, en línea en este ámbito con el PSOE, no está dispuesto a cederle una victoria, ni votando a favor ni absteniéndose. Soleto, la jurista, ve un problema claro que ven también las demás desde una y otra posición: “Si el punto de partida es que esto es un trabajo, efectivamente el acuerdo no es posible”.
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