El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia desde hace meses la posibilidad de introducir el voto telemático en las próximas elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia, previstas para el mes de noviembre. La medida cuenta con un informe favorable del gabinete técnico del CGPJ, pero se ha topado con la oposición de las salas de gobierno de los principales tribunales, controladas por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y que acapara la mayoría de los puestos en estos órganos. Las otras asociaciones de jueces consideran que el sistema de votación actual dificulta la participación y fomenta prácticas “poco transparentes” que favorecen que la APM acumule poder en estas salas. Esta lo niega, pero, en la línea de lo dictaminado por las salas de gobierno, sostiene que el Consejo no tiene “cobertura legal” para implantar el voto telemático.
La pugna abierta por la regulación del voto telemático es una lucha de poder en la cúpula judicial. El debate llega, además, cuando el PP trata de imponer como condición previa a la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace cinco años, la reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces para que sean elegidos directamente por los miembros de la carrera, en vez de por el Congreso y el Senado, como se elige ahora. Quienes se oponen a ese cambio esgrimen, entre otros argumentos, que esa fórmula podría favorecer que la principal asociación conservadora acapare la mayoría de los vocales, como ya ocurre con las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Supremo.
Estas salas son órganos colegiados que toman las principales decisiones organizativas y administrativas de los tribunales, desde informar sobre las comisiones de servicio que determinan los nombramientos, a proponer inspecciones o redactar los informes en función de los que se decide la creación de nuevos órganos. El número de jueces que la integran varía en función del tribunal, pero todas están compuestas por miembros natos (entre ellos, el presidente y los presidentes de sala) y un número igual de magistrados o jueces elegidos por sus compañeros tras un proceso electoral que se celebra cada cinco años y al que se pueden presentar candidaturas independientes o propuestas por asociaciones judiciales.
En las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, la APM (1.413 asociados) obtuvo 61 de los 117 puestos en liza (un 52,1% del total). En el Tribunal Supremo, logró tres de cinco -uno fue para la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, 434 socios) y otro para un no asociado-. En la Audiencia Nacional, consiguió los tres puestos que se elegían. También arrasó en las Salas de Gobierno de los TSJ con mayor número de jueces: Comunidad Valenciana (seis de seis); Galicia (siete de siete), Castilla-La Mancha (ocho de ocho); País Vasco (seis APM; uno JJpD); Andalucía (14 APM; 1 Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV, con 885 socios); Madrid (tres APM; uno AJFV/Foro Judicial Independiente) y Cataluña (seis APM; uno JJpD).
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé que la elección se lleve a cabo mediante voto presencial o por correo, pero, según se quejan muchos jueces, el primero es casi imposible de ejercer para muchos miembros de la carrera porque solo se puede votar en la sede del TSJ y, en algunos casos, en mesas de secciones electorales en otra capital de provincia. Muchos se decantan por el voto por correo, pero los jueces aseguran que también presenta “deficiencias”, como el retraso en la recepción de la documentación.
Las dificultades de ambos sistemas han llevado, según lamentan las asociaciones con menos representación, a que se imponga el voto delegado, ya que la ley permite que cualquier compañero vote por otro presentando solo una fotocopia de su DNI o del carné profesional. Todas las asociaciones admiten que se utiliza este sistema, pero las menos representativas señalan que la APM tiene una “maquinaria perfectamente engrasada para influir en los jueces y acaparar votos”. Varios jueces consultados afirman que, cuando se acercan las elecciones, es habitual que miembros de esta asociación acudan a los despachos de compañeros solicitando que le delegue el voto. “La votación está puesta en un sito que te puede coger a 200 kilómetros, y es en día laborable, por lo que se suele votar por correo. Pero es más cómodo dárselo a un compañero para que lo gestione él, sobre todo cuando el compañero viene a tu despacho y te lo pide. Y a lo mejor ese compañero es el presidente de la Audiencia Provincial donde ejerces”, explica un juez que prefiere mantener el anonimato.
La Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente pidieron hace meses al CGPJ que regule el voto telemático como forma de acabar con esta situación. “Queremos desterrar prácticas poco transparentes y que nos permitan votar desde nuestro puesto de trabajo de forma telemática, identificarnos con el certificado digital, que nadie se lo va a facilitar a otro compañero”, explica Edmundo Rodríguez, portavoz de JJPD. Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, defiende también el cambio para “facilitar el voto” y “ganar en transparencia”, en la misma línea que Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, que advierte que el sistema actual genera “ciertas dudas”.
Tras la petición de las asociaciones, el Consejo encargó un informe a su gabinete técnico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que concluyó que esta medida no requiere una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que puede hacerla el propio Consejo, incluso estando en funciones. El CGPJ se puso manos a la obra y encargó a tres vocales la modificación del reglamento que regula el funcionamiento de los órganos de gobierno de los tribunales, pero a la vez pidió un informe a las asociaciones y a las salas de gobierno de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Supremo. Y aquí es donde han surgido las resistencias.
Las salas de gobierno de los tribunales donde los miembros de la APM acapararon la mayoría de los puestos electos están pronunciándose en contra del cambio, una posición que las asociaciones minoritarias vinculan directamente con un temor a que el voto telemático facilite una composición más plural de estos órganos. La Sala de Gobierno del Supremo se pronunció recientemente con un acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, en el que los magistrados contradicen las dos conclusiones a las que llegó el CGPJ. “Sin perjuicio de que pueda considerarse deseable el voto telemático en el procedimiento de elección de miembros electivos de las salas de gobierno, en el estado actual de nuestra elección no parece viable”, sostiene la cúpula del alto tribunal, que considera que en la LOPJ no cabe esta modalidad de voto y que tampoco puede hacerlo un Consejo que, como el actual, está en funciones.
Los TSJ de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia o País Vasco han adoptado acuerdos similares, mientras que en tribunales autonómicos donde la APM no tiene mayoría, como el de Canarias, los informes están siendo en el sentido contrario, pero los magistrados de esta asociación están firmando votos particulares que discrepan de la decisión mayoritaria. La propia APM también ha informado al CGPJ en contra de cambiar el sistema. “Entendemos que a día de hoy no hay cobertura legal. Habría que reformar la ley y, en cualquier caso, se escapa a las competencias del Consejo en funciones”, señala la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, que niega las prácticas que les atribuyen otras asociaciones. “Si ellos en su actuación no son transparentes, ellos sabrán. Cada uno sabrá el uso que ha hecho del voto delegado, que está para todo el mundo, asociaciones y no asociados. Todos podemos delegar el voto y todos podemos ser delegados de ese voto. Confío en la honestidad de la gente”, señala Del Barco.
EL CGPJ, donde un grupo de trabajo ha elaborado ya una propuesta de redacción de reglamento con voto telemático y un plan con los requerimientos tecnológicos para implantarlo, tiene sobre la mesa los informes de la sala de gobierno contrarios al cambio y el dictamen favorable de su propio gabinete técnico. Fuentes del órgano señalan que el sector conservador ha empezado a movilizarse para oponerse al cambio, que previsiblemente se debatirá en el pleno previsto el próximo 25 de abril.
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