Existe un ejército verde de abogados repartidos por 60 países que desde 2007 litigan para que “gobiernos y empresas rindan cuentas de sus compromisos climáticos y cambien sus comportamientos”. Y Laura Clarke (Londres, 45 años) los lidera. Es la directora ejecutiva de ClientEarth, una organización medioambiental cuya principal arma es el derecho. Se trata, explica esta diplomática británica, de alrededor de 150 abogados “brillantes” que proceden del sector privado y que han aceptado incluso cobrar menos para entrar a trabajar en esta ONG. ClientEarth está detrás de algunos de los principales litigios medioambientales de los últimos años contra empresas —como petroleras y líneas aéreas— y gobiernos.
“Creemos firmemente en que el derecho tiene un gran poder para acelerar el cambio que necesitamos para la acción climática y ambiental. Cuando se utiliza el derecho en el lugar correcto en el momento adecuado, realmente puede llevarnos a puntos de inflexión positivos muy rápidamente”, dice Clarke, quien lidera esta organización desde 2022. Antes había acumulado una carrera diplomática de dos décadas en África, Asia y Europa; llegó a ser alta comisionada británica en Nueva Zelanda, gobernadora de las Islas Pitcairn y alta comisionada en Samoa. Pero hace dos años dejó la diplomacia para emprender el camino de los litigios medioambientales, una herramienta en auge en el activismo climático internacional.
Los expertos de ClientEarth no solo litigan, intentan trabajar “a lo largo del ciclo de vida de la ley”. Es decir, a veces asesoran a gobiernos en la redacción de leyes y a veces también desarrollan labores de “capacitación de jueces, abogados y fiscales en derecho medioambiental”. “Y trabajamos con las comunidades locales y los grupos indígenas para que utilicen la ley para defender sus derechos y proteger su medio ambiente”, detalla sentada en la sala de reuniones de la oficina que ClientEarth tiene en Madrid.
La ONG cuenta también con sedes en Pekín, Berlín, Bruselas, Japón, Londres, Los Ángeles, Luxemburgo y Varsovia. La de Madrid se abrió en 2021 y el equipo ahora está centrado en intentar poner freno en los espacios marinos protegidos de España a la pesca de arrastre de fondo, que tiene implicaciones para la biodiversidad y el cambio climático. “Se está permitiendo la pesca de arrastre de fondo sin una evaluación adecuada del impacto y algunas de las áreas afectadas están protegidas”, advierte.
La entrevista con EL PAÍS se celebra el martes pasado con una buena noticia aún caliente sobre la mesa. ClientEarth se había asociado en Portugal con SEO/BirdLife y otras ONG locales para intentar evitar la construcción de un nuevo aeropuerto en el estuario del Tajo, “que iba a ser realmente destructivo para las aves migratorias”. Se había presentado ya una demanda en los tribunales contra el aeropuerto de Montijo. Pero, finalmente, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha anunciado que desiste de su construcción. Este es un ejemplo de la forma de trabajar de ClientEarth, que suele asociarse con entidades locales para pleitear.
Entre las demandas judiciales más importantes de esta ONG desde su fundación Clarke destaca la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno del Reino Unido a mejorar su plan de calidad del aire para luchar contra la contaminación. “Ese fue el primero de muchos casos en toda Europa que han llevado a que más de 350 ciudades tengan zonas de bajas emisiones”, sostiene. “También hemos utilizado el derecho financiero y corporativo de una manera efectiva para detener nuevas centrales eléctricas de carbón”. En algunas ocasiones no han tenido ni que llegar a los tribunales, como ocurrió con una empresa que pretendía “invertir en una nueva planta en Asia”. “Les escribimos y les expusimos todas las razones por las que no deberían hacerlo y les explicamos los litigios que habíamos ganado ya”. “Finalmente, respondieron y dijeron que lo habían reconsiderado y decidieron que no invertirían en esa planta de carbón”.
ClientEarth también ha pleiteado contra empresas de combustibles fósiles, como Shell. En el futuro seguirán esa línea. “Creo que es muy importante que mantengamos la presión sobre los combustibles fósiles para acelerar la transición”, pero añade: “También tenemos que ver cómo se pueden utilizar las palancas legales para transformar nuestros sistemas agrícolas, porque mucha gente entiende la conexión entre las grandes compañías petroleras y el cambio climático, pero, en realidad, la agricultura representa el 25% de las emisiones globales”.
Esta misma semana otras tres ONG se han unido a ocho damnificados de la crisis climática para querellarse en París contra la petrolera francesa TotalEnergies. La novedad de este pleito (esta compañía acumula ya ocho demandas medioambientales en Francia) es que pretende usar la vía penal contra los directivos y los principales accionistas de la empresa. ClientEarth no lleva este caso y, como apunta Clarke, la vía penal no es un camino que suelan utilizar sus abogados. “Nos parece que el derecho corporativo o el derecho ambiental bien establecidos funcionan bien, pero en realidad encontrar diferentes estrategias, ser creativo, es algo muy potente”. Y, especialmente, esta diplomática resalta lo positivo de “apuntar a la responsabilidad de los directivos de las empresas”. “Muy a menudo los directivos se esconden detrás del anonimato del nombre de la empresa, pero todas las decisiones las toman individuos”.
¿Veremos algún día una condena contra los directivos de las petroleras? “No podemos descartarlo”, dice sobre la posibilidad de una condena por la vía penal o civil. Y pone como ejemplo un interesante caso que se está desarrollando en Polonia contra la empresa energética Enea y sus antiguos directivos por las inversiones realizadas en el pasado. “A pesar de que han dejado sus puestos, han sido demandados. Vale la pena que todo el mundo sea consciente de que la responsabilidad no termina cuando dejas un puesto, sino que podrías ser considerado responsable en el futuro”.
Ecopostureo
Uno de los temas en los que ClientEarth está centrado sus esfuerzos en los últimos años es el ecopostureo (greenwashing en inglés) de empresas de todo tipo que se intentan vender como verdes sin serlo. “El greenwashing es realmente dañino porque genera complacencia, hace que la gente piense que todo está bien y que la acción climática está al alcance de la mano. Pero en verdad se está engañando al consumidor, engañando al público, y se está retrasando la acción climática”. Pero, además, Clarke considera que supone una situación injusta para las empresas que están haciendo lo correcto.
En ese sentido, Clarke cita el enfrentamiento en los tribunales entre Repsol e Iberdrola. La eléctrica ha demandado a la petrolera por ecopostureo. “Es interesante ver que las empresas ahora están utilizando este tipo de litigios. Están diciendo: si yo hago todo este esfuerzo para hacer la transición de mi modelo de negocio y ser mucho más sostenible, debería obtener una ventaja y no es justo que una empresa que no está haciendo ese esfuerzo afirme que es verde y sostenible cuando no lo es”.
Las primeras demandas por greenwashing interpuestas por ClientEarth se remontan a 2019. Empezaron con una queja contra una publicidad de BP (British Petroleum), y la ONG logró que se retirara la campaña. Pero también han tenido casos contra otras petroleras como TotalEnergies. Y hace unos meses obtuvieron otra importante victoria contra la línea aérea KLM: “El tribunal estuvo de acuerdo con nosotros en que con la publicidad de KLM, que hablaba de combustibles de aviación sostenibles y se basaba en la compensación de las emisiones, estaba engañando al consumidor”. Clarke apunta a que ese fallo —el primero de ecopostureo en el sector de la aviación— ha hecho que la Comisión Europea “ahora está investigando a 20 aerolíneas por engañar al consumidor en su publicidad”.
Puedes seguir a Clima y Medio Ambiente en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal
_
