La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado este lunes que ha solicitado permiso a los jueces para emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. El fiscal jefe, Karim Khan, tiene “motivos razonables para creer” que son “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza. La decisión constituye una de las respuestas internacionales más enérgicas contra la actuación Israel en la Franja desde que se inició la guerra, el pasado 7 de octubre. El fiscal Khan ha solicitado también a los jueces que se detenga a tres dirigentes de Hamás por los mismos delitos. Entre ellos figura Yahia Sinwar, jefe en Gaza del movimiento fundamentalista. Israel no es miembro del TPI, pero el paso del fiscal presiona y aísla a su Gobierno y amenaza con entorpecer los viajes de sus máximos representantes políticos al extranjero. La autorización para emitir las órdenes de arresto compete a los jueces del TPI, que disponen de varios meses para pronunciarse.
A principios de mayo, el fiscal Khan advirtió de que las presiones contra el TPI desde Israel y Estados Unidos —ante una posible orden de detención contra israelíes por la guerra en Gaza— podían constituir actos punibles. El jurista británico investiga el comportamiento de ambas partes en este conflicto desde hace siete meses y, en el caso de Israel, su solicitud de arresto se abre con un crimen de guerra poco mencionado en otros casos del TPI hasta la fecha: “matar de hambre a civiles” al menos desde el 8 de octubre de 2023. Es decir, al día siguiente del ataque de Hamás contra civiles israelíes, que causó 1.200 víctimas mortales. Al menos 35.000 palestinos han muerto hasta hoy, según las autoridades sanitarias de la Franja, en manos de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica).
El Gobierno israelí reitera que su objetivo en este conflicto es acabar con Hamás y hace todo lo posible por proteger a los gazatíes. La Fiscalía del TPI da una versión completamente distinta. Incide en que las pruebas recabadas —incluyendo entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio autentificados e imágenes de satélite— demuestran que Israel “ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”. Añade que los efectos del uso de la inanición como método de guerra, junto con otros castigos colectivos contra civiles, “son agudos y visibles”, y la hambruna “está presente en algunas zonas de Gaza y es inminente en otras”.
El TPI no cuenta con policía para efectuar las detenciones, pero sus 124 miembros están obligados a arrestar a las personas buscadas por la Fiscalía. Este tribunal es la única instancia permanente para perseguir crímenes de guerra y contra la humanidad, además de genocidio. Solo juzga a los máximos responsables.
Israel tiene derecho a defender a su población, según constata el fiscal Khan, pero ello no exime al país de “cumplir el derecho internacional humanitario”. Dado que el Estado de Palestina sí es miembro del TPI, la Fiscalía puede investigar y perseguir tanto los delitos cometidos por Hamás en territorio israelí, como los perpetrados por Israel en suelo palestino.
En la petición de arresto contra Netanyahu y Gallant figuran otros tres crímenes de guerra: causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física y la salud; homicidio intencional o asesinato; dirigir intencionadamente ataques contra una población civil. Hay, por otro lado, tres crímenes contra la humanidad: “exterminio y / o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición”; “persecución” y “otros actos inhumanos”.
Según William Schabas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad británica de Middlesex, los jueces del TPI han rechazado en el pasado algunas órdenes de detención, “pero este caso es sólido y la Fiscalía ha recabado la ayuda de un grupo de expertos que sostienen su petición y sería sorprendente que fuera rechazada”. En conversación telefónica, dice que cree que Estados que apoyan a Israel, como Alemania, Francia o Canadá, “no van a desafiar al TPI y le dirán al primer ministro Netanyahu que, si aparece por allí, están legalmente obligados a detenerlo”.
En los argumentos remitidos a los jueces, Khan diferencia, por una parte, los crímenes de guerra y, por otra, los crímenes contra la humanidad. Así, sostiene que los primeros se cometieron en el contexto de “un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás”, desarrollado en paralelo. Los crímenes contra la humanidad, por el contrario, fueron perpetrados como parte de “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en aplicación de una política de Estado”.
Violencia sexual contra los rehenes
En el caso de Hamás, se repiten los “motivos razonables” para creer que tres de sus dirigentes “son plenamente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad. En su caso, perpetrados al menos desde el 7 de octubre de 2023, fecha del asalto que desencadenó la respuesta de Israel. Forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra civiles de Israel. Los dirigentes señalados son Yahia Sinwar, jefe de la milicia en Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al Marsi, conocido como Deif, que es el comandante en jefe del ala militar de Hamás, e Ismail Haniya, líder político de estas milicias. En su caso, son ocho los cargos denunciados y reflejan el “exterminio”, “asesinato” y “actos inhumanos”, como crímenes contra la humanidad. También, la toma de rehenes, trato cruel y ultrajes a la dignidad, como crímenes de guerra.
La Fiscalía estima que los civiles capturados en Israel “han sido mantenidos en condiciones inhumanas y algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación”. De ahí que haya otros dos delitos que reúnen ambos conceptos de crímenes de guerra y contra la humanidad juntos: los de violación y violencia sexual y tortura.
En el caso de Hamás, el contexto del conflicto es el mismo mencionado en el caso de Israel, y la Fiscalía señala que cree que Sinwar, Deif y Haniya son “penalmente responsables” de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás —en particular su brazo militar, las Brigadas Ezedín al Qasam— y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, y de la toma de al menos 245 rehenes.
Para argumentar las órdenes de detención, el fiscal Khan se ha asesorado con un grupo de expertos en derecho internacional, y recalca que “nada o nadie puede justificar que se prive deliberadamente a seres humanos de las necesidades básicas de la vida”. “Nada puede justificar la toma de rehenes ni los ataques contra civiles”. Son dos frases que señalan a ambas partes por igual en la guerra de Gaza.
El TPI abrió sus puertas en 2002 como única instancia permanente para procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión cuando los Estados miembros no quieren o no pueden hacerlo por sí mismos. Su perseguido más famoso es el presidente ruso, Vladímir Putin, acusado del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania, por lo que se emitió una orden de detención contra él en marzo de 2023. Aunque el tribunal cuenta con el apoyo de muchos miembros de Naciones Unidas y la Unión Europea, tanto Estados Unidos como China y Rusia no son miembros: temen que pudiera usarse contra sus ciudadanos para juicios por motivos políticos.
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