La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido la apertura del Gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ante los señalamientos que el órgano de la OEA ha hecho sobre la persistente violencia que afecta a ese país centroamericano y que se ceba contra ambientalistas, activistas y periodistas. Se trata de una rara apertura en una región donde los gobiernos muestran alergia a la fiscalización de organizaciones internacionales. La CIDH ha presentado este miércoles un informe sobre la situación de Honduras, en el que señala que “sigue siendo un país violento para la defensa de derechos humanos” y en particular para quienes defienden el medio ambiente o los territorios, pero también alerta de las consecuencias que puede tener la ampliación del estado de excepción impuesto por la presidente Castro para hacer frente a la violencia. El organismo revela que en 2022 fueron asesinados 17 ambientalistas en esa pequeña nación.
“Hemos encontrado un reconocimiento por parte del Estado, de las nuevas autoridades del Gobierno, de que el problema de la violencia existe. Hay una voluntad de querer resolverlo y eso ya es un buen primer paso, porque reconoce el Gobierno el riesgo en el que se encuentran personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras de derechos ambientales, de periodistas; reconocen que hay un riesgo muy fuerte vinculado con el crimen organizado o con ciertos sectores privados y advierten los desafíos que tienen por delante para resolver esto”, explica Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Honduras, en una videollamada previo a la presentación del informe en Tegucigalpa.
La Comisión alerta en su informe de que a pesar del reconocimiento de la violencia por parte del Estado, en el país centroamericano murieron en condiciones violentas en el primer cuatrimestre de 2023 al menos ocho personas defensoras, algunas de las que contaban con medidas de protección estatales. Esa violencia, continúa el escrito, “se ve exacerbada por una alta presencia de organizaciones criminales, especialmente maras y pandillas”. La presidenta Castro impuso el pasado verano un toque de queda tras registrarse en un día 21 asesinatos en Honduras. La mandataria instauró la medida de excepción en San Pedro Sula y Choloma, donde también ordenó a la policía que emprendiera una operación con allanamientos, capturas y retenes.
Esta decisión, que recuerda las medidas de mano duras impuestas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, preocupan a la CIDH, que ha alertado sobre los riegos que implica ampliar las capacidades del Ejército en temas de seguridad. “La seguridad ciudadana no puede estar en manos de las Fuerzas Armadas”, afirma a comisionada Pochak. Para la relatora de la CIDH medidas como la declaración del estado de excepción pueden ser válidas siempre que sean temporales y no se conviertan en una política de Estado permanente, como sucede en el caso salvadoreño. “Miramos con preocupación la prolongación del estado de excepción en Honduras, porque va a ser un año y medio que se viene prorrogando y ampliando a prácticamente la mitad de los 300 municipios del país. Esto ha impactado en una reducción notable de los números de homicidios y las autoridades locales han venido reclamando que se extienda a otros lugares. Entendemos que esta medida de alguna manera ha funcionado, pero alertamos de que no debe extenderse indiscriminadamente”, dice la relatora.
Otro de los problemas que preocupa a la CIDH son los altos niveles de impunidad en Honduras. El informe muestra que 2022 se registró una tasa del 87% de impunidad en los homicidios ocurridos ese año. “La tasa de impunidad sería aún mayor cuando se trata del asesinato de mujeres, personas defensoras y personas LGBTI”, alerta el organismo. La CIDH afirma que el acceso a la justicia “continúa siendo un reto importante en Honduras”. A la Comisión le preocupa de forma especial “una percepción generalizada de desconfianza en las instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito”. Entre los factores que permiten altos indices de impunidad están las “serias deficiencias en los recursos materiales, humanos y técnicos asignados al Ministerio Público”. Uno de los casos de impunidad más sonados de Honduras es el relacionado con la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016. Su hija, Berta Zúñiga, denunció en 2021 de que varios de los involucrados en el crimen de su madre siguen sin ser enjuiciados en Honduras.
La CIDH ha advertido también de que los altos índices de pobreza y la desigualdad que sufre el país centroamericano, considerado el segundo más pobre del continente, son leña que enciende la hoguera de la violencia. El organismo alerta que desde la última visita que realizó al país en 2018 “los niveles de pobreza y pobreza extrema se mantienen en cifras alarmantes, alcanzando al 73% de la población, mientras que la pobreza extrema alcanza al 54% de la población, con diferencias profundas entre la ruralidad y las ciudades”. Eso inflama también los conflictos sociales y ambientales, que se traduce en persecución contra activistas y desplazamiento interno de poblaciones. “En la medida en que no se apaguen las causas estructurales, la violencia, la inseguridad y el crimen organizado van a ser estando presentes en Honduras”, alerta Pochak.
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