El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se puso un solo objetivo cuando, en julio de 2023, accedió al cargo: propiciar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que tiene el mandato prorrogado desde diciembre de 2018. Diez meses después, y sin que existan visos de que la situación se vaya a desbloquear a corto plazo, Guilarte admite que pecó de “soberbio y sincero”. “Pensé que mi opinión podría tener algún peso. Pero he observado que no ha tenido prácticamente ningún eco público”, ha lamentado este martes en unas jornadas sobre el CGPJ organizadas por el Ateneo de Madrid. Pese a su pesimismo, el presidente ha insistido en su plan, que ha sido una de las propuestas sobre la que han debatido durante más de dos horas representantes de las asociaciones judiciales y juristas.
La idea de Guilarte, lanzada en diciembre en una tribuna e EL PAÍS, pasa por una reforma legal que reste atractivo al CGPJ como instrumento político de los partidos. El Consejo que él preside está en funciones desde hace más de cinco años por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para elegir a los nuevos vocales. Los populares han ido encadenando argumentos para frenar la negociación, que ha encallado varias veces cuando ya estaba casi cerrada. El modelo que propone el presidente interino implica retirar al órgano su principal competencia, que son los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial; de esta forma, augura, los partidos tendrían menos interés en controlar el CGPJ y no pondrían tantos problemas para su renovación.
“Creo que hay problemas para que una propuesta como esta tenga algún éxito”, ha advertido este martes Guilarte. El primer problema, ha asegurado, es que la reforma legal que él reclama está en manos de los partidos políticos. “Y la política, aunque no lo diga, quiere captar su cuota de poder en el ámbito del Poder Judicial. Cualquier fórmula que busque objetivar nombramientos, marginarlos del debate político, creo que va a tener dificultades”, ha asegurado el presidente interino, que dice partir de su propia experiencia en el Consejo para asegurar que los vocales del CGPJ no están preparados para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de acuerdo a criterios de “mérito y capacidad”. “He nombrado magistrados de la Sala Segunda y de derecho penal no sé nada. Esto me chirría”, ha insistido, antes de reclamar que el futuro CGPJ sea fruto de “un pacto mayor”. “No se trata solo de buscar nombres que, con criterios políticos, elijan 120 cargos judiciales. No podemos transmitir al siguiente Consejo la idea de que le van a designar políticos y que ellos van a actuar con criterios políticos”.
Su propuesta ha sido luego objeto de análisis de los juristas participantes en el debate, organizado por la organización Más Democracia. La más crítica con el plan de Guilarte fue una de sus antiguas compañeras en el Consejo, la exvocal a propuesta de IU Concepción Sáez, quien dimitió en marzo de 2023 por considerar “insostenible” la situación del órgano. Sáez discrepó de extremo a extremo del plan y del análisis del presidente, sobre todo del hecho de que Guilarte reparta culpas por igual entre el PSOE y el PP por la falta de renovación. “Esa equidistancia no es correcta”, advirtió la exvocal, quien puso el acento en las “excusas y coartadas completamente injustificables” que ha ido poniendo el PP desde 2018.
Los representantes de las asociaciones judiciales tampoco secundaron la propuesta de Guilarte e insistieron en las posturas que ha ido fijando cada una en los últimos años. Los portavoces de Francisco de Vitoria (AJFV, de tendencia moderada) y Foro Judicial Independiente (FJI, conservadora) consideran fracasado el sistema actual, por el que el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales del CGPJ. “El parlamentario actual no es libre, es una correa de transmisión de los partidos políticos. ¿Como si no se explica que en mas de cinco años los presidentes del Congreso y Senado no hayan convocado un pleno de renovación del CGPJ. Pues porque los parlamentarios no son libres de elegir”, sostuvo Sergio Oliva, de AJFV. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) es la única que defiende el modelo actual y aunque aboga por un acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el órgano, asume la posibilidad de que el Gobierno plantee una reforma legal para desbloquear la situación. “Eso seguramente atraerá al PP a la renovación”, sugirió el representante de esta asociación, Ignacio González Vega.
